Madrid, 8 oct (EFE).- El delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, César Estirado, ha solicitado tres años de prisión, inhabilitación durante el tiempo de condena y multa de 14.600 euros para el alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera (independiente), al que acusa de haber promovido obras en vías pecuarias sin autorización.
Carlos Rivera esta imputado de un delito continuado contra la ordenación del territorio con el agravante de prevalerse de funciones públicas para su comisión.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, el alcalde de Torremocha y presidente del consorcio urbanístico Los Tomillares promovió las obras de acondicionamiento de la urbanización Los Tomillares-El Jaral del Pajarito, situada en los términos municipales de Torrelaguna y Torremocha.
La acusación particular, ejercida por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, colaboradora de Ecologistas en Acción, solicita la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación para profesión u oficio, así como para el ejercicio de la actividad pública.
La urbanización Los Tomillares se construyó de forma ilegal en la década de los años ochenta, pero en 1997 fue objeto de regularización administrativa por parte de la Comunidad de Madrid.
El fiscal subraya que dicha legalización excluía "de forma palmaria" las vías pecuarias incluidas en la urbanización, dada su condición de dominio público.
Pese a ello, el acusado promovió en 2002, "sin autorización alguna" de la Dirección General de Agricultura de la Comunidad, la ejecución de obras de canalización de agua potable "con daño y eliminación de enebros", la construcción de dos casetas de obra y un depósito de agua, así como obras de urbanización y asfaltado, todas ellas en vías pecuarias de Torrelaguna y de Torremocha.
El coste de demolición y restauración del estado original de las vías pecuarias afectadas ha sido valorado en 80.000 euros, según el escrito de la fiscalía, la misma cantidad que ahora pide el fiscal para el acusado como fianza adicional.
Además de la inhabilitación para el sufragio pasivo (presentarse como candidato en los procesos electorales), el fiscal solicita también la inhabilitación especial para las actividades de promoción y construcción inmobiliaria por tres años.
Los ecologistas recuerdan que en el año 2000 la zona sufrió un "grave" incendio forestal y sostienen que los agentes forestales denunciaron las actuaciones del alcalde en las vías pecuarias, en diversas actas de inspección, ante la Comunidad de Madrid, y posteriormente ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Torrelaguna.
La urbanización Los Tomillares ya fue condenada en 2003 por la Consejería de Economía a dos multas por un importe global de 120.202 euros por la ocupación "ilegal" de vías pecuarias. EFE
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