jueves, 9 de mayo de 2013


El alcalde de Torremocha de Jarama se sienta en el banquillo de los acusados

6 de mayo, por Comunidad de Madrid

Mañana martes 7 de mayo, en el Juzgado número 10 de lo penal de Madrid, se celebrará la vista oral contra el alcalde de Torremocha de Jarama por un presunto delito contra la ordenación del territorio por el asfaltado y conversión en calles de varias vías pecuaria. Así se llega a la fase final de un procedimiento que se inició, en 2001 por la denuncia del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, colaboradora de Ecologistas en Acción, se personó como acusación particular.



Durante la instrucción del procedimiento en los juzgados de Torrelaguna la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha imputado un delito contra la ordenación del territorio al alcalde Carlos Rivera Rivera por lo que pide tres años de prisión y una fianza de 80.000 euros como aval para las medidas reparadoras de demolición y restauración del medio natural. La fiscalía considera que existe la agravante de prevalerse de cargo público para la comisión del delito de construcción en dominio público de vías pecuarias en los municipios de Torrelaguna y Torremocha de Jarama. La acusación particular, ejercida por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, colaboradora de Ecologistas en Acción, solicita la pena de cuatro años de prisión, e inhabilitación para profesión u oficio, así como para el ejercicio de la actividad pública, además de una fianza de 100.000 euros.

Después de doce años y salvados todos los recursos interpuestos por el imputado (que además de alcalde de Torremocha del Jarama es secretario municipal de al menos sieta municipios y seis mancomunidades de la Sierra Norte de Madrid), el procedimiento ha alcanzado la fase de vista oral, tras la cual el juez dictará sentencia. En esta fase el acusado, valiéndose de testigos y de las pruebas aportadas al procedimiento, defenderá su inocencia. La acusación, por su parte, representada por el Ministerio Fiscal y la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, intentarán demostrar, lo contrario, la responsabilidad penal en los hechos denunciados.

El imputado, como Presidente del Consorcio "Los Tomillares", urbanización que se construyó de forma ilegal en la década de los años ochenta, transformó varias vías pecuarias que atraviesan la zona, en calles y accesos de la urbanización. Así procedió a urbanizar, asfaltar, abordillar, construir diversas casetas y depósitos, sin autorización para la utilización del dominio público, en la Cañada de las Calerizas, la Colada de San Sebastián y la también Colada del Chifladero.

Estos hechos sucedieron en 2001, un año antes de que la zona sufriera un grave incendio forestal. Los Agentes Forestales de la zona denunciaron estas actuaciones, en diversas actas de inspección, ante la Comunidad de Madrid, y posteriormente ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Torrelaguna.

El rechazo reiterado, por parte de la Audiencia Provincial, de los numerosos recursos interpuestos por el imputado, ha venido dando la razón a la acusación particular. La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya decidió mantener el procedimiento pese a las dificultades que se ha encontrado con las tácticas dilatorias que han retrasado doce años el procedimiento.

Ecologistas en Acción ha colaborado y apoyado estas acciones y se siente representada en este procedimiento, que espera que finalice pronto con una resolución condenatoria
http://www.ecologistasenaccion.org/article25722.html

domingo, 5 de mayo de 2013


El reto de salir de Madrid a pie
Abandonar la capital andando o en bicicleta sin encontrar obstáculos insalvables es muy complicado
Salvo un pequeño número de rutas consolidadas, carreteras, vías ferroviarias y edificios ocupan gran parte de las vías pecuarias
ESTHER SÁNCHEZ Madrid 4 MAY 2013 - 17:12 CET3


Un paso para peatones y ciclistas de la senda real GR-124. / SAMUEL SÁNCHEZ

¿Qué pinta un rebaño de ovejas en medio del campo de golf municipal de Majadahonda? ¿Y unos excursionistas escoltados por la Guardia Civil en fila por el arcén de la M-30 a la altura de Puerta de Hierro? Realmente nada si estas infraestructuras, como tantas otras en cualquier lugar de la región madrileña, no hubieran interrumpido el trazado de las vías pecuarias, un sistema de rutas ancestrales utilizadas por los ganaderos en la trashumancia y que ahora podrían usar los madrileños como zonas recreativas y de ocio.

Ambas escenas forman parte del anecdotario de un grupo de ecologistas en su empeño por recuperar caminos que permitan salir de Madrid dejando el coche aparcado, y sin jugarse la vida por las carreteras. “Los casos de Majadahonda y de la M-30 ya están solucionados, pero por lo general es muy complicado salir de Madrid sin tropezarte con autopistas, vías de tren, edificaciones o fincas privadas que te cortan el paso”, advierte Juan García Vicente, uno de los promotores de la idea y miembro de Ecologistas en Acción. Su pretensión es institucionalizar rutas con el respaldo de la administración pública, que se conozcan y por las que pueda transitar cualquier persona. “Por supuesto, si te empeñas puedes encontrar otras vías de escape, pero con dificultades y que solo conocen los que las usan”, advierte.


EL PAÍS

De momento, han logrado consolidar dos recorridos: La Senda Real (GR-124), 48 kilómetros desde la Estación de Príncipe Pío a Manzanares El Real, y la Senda de las Merinas, de 53,7 kilómetros, inaugurada en la primavera de 2003, que parte de la Casa de Campo hacia San Lorenzo de El Escorial. En el trazado de esta última subsisten todavía 13 cruces con carreteras que incumplen la Ley de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid denomina a este recorrido Corredor Casa de Campo-Sierra de Guadarrama y lo amplía a 60 kilómetros conectándolo con el corredor de la Cañada Real Leonesa Oriental.

Junto a ellas, los ecologistas han diseñado un tercer itinerario circular de 19 kilómetros de longitud, ideado para acceder también desde la Casa de Campo a los municipios de Alcorcón y Leganés y regresar al punto de partida por Carabanchel Alto y Aluche. El camino de Santiago, que conecta con la Senda Real (GR-124) en Valdelatas, es otro de los itinerarios que permiten dejar atrás la ciudad a pie.

 
Un ciclista por la Senda Real (GR-124) cerca de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Es el principio. De la próxima tacada esperan ampliar la Senda Real hacia el sur con el objetivo de unir Madrid con Aranjuez. Un itinerario que se puede realizar en la actualidad partiendo de Madrid Río para continuar por el Parque Lineal del Manzanares y, a la altura de Getafe, en la pedanía de Perales del Río, tomar un camino rural hasta Aranjuez. “Pero con problemas, como, por ejemplo, una gravera que interrumpe el Cordel de los Manchegos entre San Martín de la Vega y Titulcia”, explican los ecologistas.

En la región existen 4.200 kilómetros de vías pecuarias —cañadas de 75 metros de ancho; cordeles, de 37,5; veredas, de 20; y coladas, de menos de 20— que, según datos oficiales, cubren unas 15.000 hectáreas. Una cifra “con trampa”, matiza Hilario Villalvilla, geógrafo especialista en vías pecuarias. “Habría que restarle los 1.600 kilómetros que se calcula están ocupados”, aclara. El cómputo oficial incluye lugares como la Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Santa Engracia o Alonso Martínez, entre otros, que jurídicamente continúan ostentando la calificación de vías pecuarias. En el resto de España la situación es similar. De los 125.000 kilómetros de vías pecuarias que existían quedan unos 85.000. Con un agravante, señala Villalvilla: “El 76% de lo que queda presenta diversos grados de ocupación”.

Como ocurre en el este de Madrid. Grandes infraestructuras como la M-50, la M-45 o las líneas del tren de alta velocidad, que impiden prácticamente el paso. Hacia el sureste, el camino natural discurre por la Cañada Real Riojana o Galiana (400 kilómetros de La Rioja a Ciudad Real). A su paso por territorio madrileño se ha transformado en una calle repleta casas y chabolas, en los términos municipales de Coslada, Rivas (tres kilómetros) y, en su mayor parte (unos 13 kilómetros) por los distritos de Vicálvaro y Puente de Vallecas.

 
Tramo de la Senda Real (GR-124) que discurre por debajo del nudo de la M-40 en la zona del Tejar de Somontes. / SAMUEL SÁNCHEZ
“Se puede avanzar por el viario convertido en urbano, pero en Pinto te tropiezas con la autovía de Andalucía (A-4). Habría que hacer un bucle, pasar la carretera por arriba y atravesar el pueblo. Muy complicado”, apunta Villalbilla. El geógrafo describe como “asalto” la desafectación de 14,4 kilómetros de esta Cañada, que ha decidido llevar a cabo el Gobierno Regional madrileño para legalizar las edificaciones que han ido invadiendo la vía desde los años sesenta, pero sin trasladar el espacio público detraído a otro lugar.

“Es la primera vez que ocurre algo así con una cañada intracomunitaria, que conectaba el norte y el sur de Castilla y llegaba hasta Cabañeros”, afirma Villalvilla. El camino, ya cercenado sin solución, sufre también cortes de varias carreteras, entre ellas las autovías A-2 y la A-3, pérdida de terreno por el crecimiento de núcleos urbanos como Coslada y San Fernando de Henares, además de otras ocupaciones ilegales.

Las rutas de salida de la Senda Real y de las Merinas se han diseñado “aprovechando tramos de cañadas, veredas y cordeles”, describe García Vicente. La Senda Real (GR-124) tiene su origen en un antiguo camino que unía el Real Alcázar de Madrid con el Palacio de El Pardo. Se interna, tras atravesar el Puente de los Franceses, bordeando la M-30, por un camino flanqueado por plátanos, algunos con 200 años. Se plantaron a comienzos del siglo XIX. En 2008 el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, en el que participaba el Ayuntamiento, invirtió 2,5 millones en acondicionar los 2,6 kilómetros iniciales que discurren entre el Puente de los Franceses y el eje de Puerta de Hierro.

Prevenir antes que curar

Existen armas legislativas para proteger y conservar los caminos públicos de tal forma que no se puedan usurpar, o en caso de que ocurra, poder demostrar que son bienes de dominio público. Hilario Villalvilla, geógrafo y experto en vías pecuarias, ofrece una guía de las posibles opciones:
Inventario: Los ayuntamientos son responsables de elaborar una lista de caminos de titularidad pública que discurren por sus municipios.
Deslinde: Una vez catalogados, es necesario establecer la separación con las propiedades colindantes.
Inscripción en el Registro de la Propiedad: Se ha demostrado que es un método infalible para establecer quién tiene la posesión del terreno.
Catastro inmobiliario: Una vez que ayuntamiento tenga aprobado el inventario debe inscribirlo en el catastro. De esta forma se establece que el viario pertenece al término municipal.
Instrumentos de planeamiento: Deben aparecer en los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos similares con algún tipo de calificación que los proteja, como suelo urbanizable, de protección o sistema general, además de incorporar su normativa reguladora.
Ordenanzas municipales: Deberían abarcar la planificación, construcción, conservación, financiación, explotación, protección y derechos de uso y edificación de los propietarios colindantes.
El camino, al alcanzar la calle Arroyo Fresno, donde confluye en este punto con el anillo verde ciclista, se desdibuja y el usuario corre el riesgo de despistarse. “Ojo, hay que atravesar la pasarela pintada de azul y atravesar la M-30”, previene el ecologista. A partir de ahí aparecen pintadas grafiteras que sustituyen, de una forma un tanto chapucera, a una señalización más digna. Les ha costado años. “Muchos, creo que empezamos en 1997”, rememora García Vicente. Detrás de la iniciativa estaba ayudar a un amigo que se recuperaba de las secuelas de un grave accidente de esquí. “La Dehesa de la Villa se le quedó pequeña para andar y nos dimos cuenta de que era imposible seguir mucho más allá”, explica.

El largo periplo se recuerda encadenado, alicates en mano cortando verjas metálicas, discutiendo con guardas, interponiendo denuncias, y sobre todo, dándose de bruces con la incomprensión de políticos que “a fuerza de dar la lata se ha transformado, a veces, en comprensión”. Como cuando consiguieron, mediante un acuerdo con el Ministerio de Fomento y Patrimonio Nacional, detraer al Club Puerta de Hierro un camino de cuatro metros durante unos dos kilómetros para la Senda Real. O la pasarela por la que se supera el antes insalvable eje de Puerto Hierro, sobre Sinesio Delgado. “La miro y no me lo creo”, se asombra todavía.

La Comunidad de Madrid propone, además, otros dos itinerarios: el corredor de la Pedriza a Santiago de Compostela, que tiene su inicio, ya abandonada la ciudad, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en las inmediaciones del anillo verde ciclista, y el corredor El Pardo-Montejo de la Sierra que parte del mismo lugar. “El potencial es enorme, pero hay que ponerse con ello, porque en muchas zonas solo sobreviven tramos y la única opción es coger el coche y alejarse 15 o 20 kilómetros de la ciudad”, sostiene Villalbilla. Una situación difícil de entender dada la alta protección de la que gozan. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, por lo tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables. De titularidad de las comunidades autónomas, que se rigen por la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y sus desarrollos autonómicos.

Pilar Vega, profesora del departamento de Geografía Humana de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense, explica que el abandono de la actividad agrícola y ganadera en los años cincuenta y sesenta propició la ocupación actual. Los desarrollos urbanísticos “mal ejecutados” dieron la puntilla. Las ocupaciones interrumpen los caminos tradicionales, impiden acceder al entorno, al espacio natural, pero también ir de un municipio a otro. “Lo que había se podía haber aprovechado, incluso como corredores ecológicos”.

Vega hace un llamamiento a la Administración Pública para que aumente las inspecciones y vele por la continuidad de los caminos públicos. “Hasta la fecha, si los ciudadanos no protestan, la infracción se queda ahí”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/04/madrid/1367680376_809023.html

Durante los días 4 y 5 de mayo de 2013, con el fin de poner en valor todos los parajes naturales de nuestra comarca, la Federación de Asociaciones Ecuestres del Tajo junto con la TAGUS, han organizado una ruta ecuestre que discurre por las antiguas vías pecuarias, concretamente por el Cordel de la Azagala.


Desde el año 2006 estas dos organizaciones trabajan juntas con el objetivo de poner en valor el ingente patrimonio natural de nuestra comarca, y sobre todo un bien de interés público como son las Vías Pecuarias, de las que sólo en nuestra comarca contamos con más de cuatrocientos kilómetros. En TAGUS entendemos que esta rica herencia debemos ponerla en valor, y para ello se diseñaron dieciséis rutas que transcurren por estas vías, y que pueden consultarse en la página web www.translana.es, siendo una de ellas la que los jinetes van a transitar este fin de semana, el Cordel de la Azagala.

La ruta partirá, el próximo sábado, día 4 desde Casar de Cáceres, concretamente desde el Centro de Ocio y Cultura de Casar de Cáceres, en dirección a Malpartida de Cáceres, en donde se hará la comida, para a continuación poner rumbo a Arroyo de la Luz, municipio en el que pasaran la noche. La segunda parte de la ruta comenzará la mañana del domingo, que partiendo del Picadero de la Asociación de Amigos del Caballo “Las Cuatro Esquinas”, marcharán hacía la Sierra de San Pedro, siendo Aliseda y concretamente la Ermita de la Virgen del Campo, el destino final de los jinetes.

Esta ruta tiene la singularidad de que atraviesa espacios de gran interés medioambiental y paisajístico, pues vamos pasando de las dehesas, del Monte del Casar a los llanos de Malpartida de Cáceres, y de los Barruecos a las Sierra de San Pedro, lugares estos emblemáticos de esta Comarca, que en estas fechas primaverales se encuentran en su mayor esplendor, siendo ambas jornadas una excusa perfecta para disfrutar de sus encantos y unir lazos entre las Asociaciones de jinetes de Tajo-Salor-Almonte.
http://digitalextremadura.com/not/37206/la_federacion_de_asociaciones_ecuestres_del_tajo_organiza_la_ruta__ldquo_cordel_de_la_azagala_rdquo__/


Oliva pide a la Generalitat que autorice el tráfico motorizado en las vías pecuarias entre el núcleo urbano y la playa

El Ayuntamiento presenta alegaciones al anteproyecto de ley que elabora el Consell, y que trata de documentar y regular los 14.000 km de cañadas para uso agrícola y ganadero del territorio valenciano.
S.G. 30/04/2013

 
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva, Pepe Salazar, informó que en el último pleno municipal, correspondiente al mes de abril, se aprobó, por unanimidad, una serie de propuestas y alegaciones a la anteproyecto de la Ley de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

En primer lugar, dado que la actividad ganadera prácticamente ha desaparecido del municipio, el Ayuntamiento de Oliva ha solicitado que en esta Ley se contemple el uso autorizado del tráfico rodado en las vías pecuarias que tienen, en estos momentos , un uso agrícola y de conexión entre el pueblo y las zonas de playa "sin desvirtuar su uso prioritario pecuario y de valor medioambiental, como el Camí de la Terranova, Camí de les Canyades, Camí de les Bruixes, el tramo de la vereda del Litoral entre el Camí de les Bruixes y el término municipal de Dénia”, apuntó Salazar.

En segundo lugar, se ha planteado también que se contemplen los trabajos de mantenimiento y asfaltado de aquellas vías pecuarias que forman parte de la red de caminos rurales.

En tercer lugar, el pleno aprobó que se clarifique y comuniquen las vías pecuarias y sus trazados por el término de Oliva, y por último, que se permita asfaltar aquellos tramos de vías pecuarias que estén incluidas en la Red de Caminos Rurales de la Comunitat Valenciana.

Oliva cuenta con cuatro grandes vías pecuarias en su término municipal: la Vereda Reial del Tossal Gros, la Carrerada de la Terranova, la Vereda Reial del Camí Vell de Gandia y la Carrerada del Camí de las Canyades.

Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Oliva se derivan de la aprobación por parte del Consell del anteproyecto de Ley de las Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, que pretende adecuar la existencia y conservación de unos espacios y corredores de comunicación antiguos, como son las vías pecuarias, en la sociedad del siglo XXI ya sus demandas de disfrute y mejora del medio natural.

Cabe señalar que la Comunitat Valenciana dispone de más de 14.000 km de vías pecuarias distribuidas por todo su territorio y que permiten la comunicación entre comarcas y paisajes, así como el tránsito ganadero donde todavía existe.
http://www.saforguia.com/HOME2013/Noticias/tabid/358/titular/OLIVA_PIDE_A_LA_GENERALITAT_QUE_AUTORICE_EL_TR%C3%81FICO_MOTORIZADO_EN_LAS_V%C3%8DAS_PECUARIAS_ENTRE_EL_N%C3%9ACLEO_URBANO_Y_LA_PLAYA__/idnoticia/33632/Default.aspx

Boadilla contra el duque de Berwick
Vecinos y ecologistas pelean el cierre de caminos públicos en la finca Romanillos
ESTHER SÁNCHEZ Madrid 29 ABR 2013 - 10:35 CET7


Unos ciclistas sortean la cadena que trata de cortar el acceso al camino público en la finca Romanillos, en Boadilla 

A pie, en bicicleta, a caballo. Los vecinos de Boadilla disfrutaban desde hace años sin ningún problema de los caminos públicos que atraviesan la finca Romanillos, 823 hectáreas de monte mediterráneo situadas al noroeste del municipio. Hasta que el 22 de marzo los transeúntes se toparon de bruces con una puerta cerrada por un candado que les impedía acceder a los senderos y con una valla que cortaba la vía pecuaria Cordel Segoviano. El terreno está gestionado por Romanillos, SA, empresa presidida por Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez, duque de Berwick y emparentado con la la duquesa de Alba.

 Los propietarios esgrimen en su defensa una licencia concedida por Boadilla en junio de 2012 que les permitía cercar el terreno. Pero fueron un poco más allá. “Se les autorizó a acotar una zona pero no el acceso a los caminos que son de uso público y titularidad municipal. Nos han engañado”, asegura Antonio González Terol, alcalde de la localidad. La tensión ha llegado a tal punto que incluso se ha impedido entrar a agentes de la policía local boadillense. Algún impaciente ha decidido actuar por su cuenta. El candado de la puerta apareció un día forzado y la verja metálica que cortaba el Cordel Segoviano, tirada. Ahora ha aparecido una cadena como elemento disuasorio, que se puede saltar sin gran problema.

Un tío de la duquesa de Alba preside la empresa que gestiona la finca
El cierre se ha realizado de forma paulatina, relatan los vecinos. En octubre del año pasado llegó la primera señal de que algo estaba cambiando a peor. Aparecieron dos guardas que conminaban a los transeúntes a abandonar el lugar por ser propiedad particular. “Siempre ha habido un vigilante, pero no se metía en nada”, recuerda un vecino. Los empleados se situaron en los accesos de mayor paso: uno en la entrada de la carretera de Brunete, la preferida por los ciclistas, y otro, en la urbanización Las Lomas. Gerardo Trianes, que monta a caballo por la finca desde hace 20 años junto con otros caballistas, asegura que nunca había tenido ningún problema. “Entendería que no dejaran transitar por todo el terreno, como sucedía hasta ahora, pero los caminos son públicas”, opina.

El pasado mes de marzo los propietarios dieron un paso más. Los carteles del Ayuntamiento que anunciaban la titularidad pública de las vías desaparecieron para dar paso a otros con la información contraria: “Todos los caminos de esta finca son privados”, rezaba uno de ellos. Algunos “amenazantes”, en opinión de la Asociación Amigos de los Caminos, los primeros que interpusieron una denuncia por el cierre ante el Juzgado de Majadahonda en enero pasado, como uno en el que se observa una calavera con el aviso de: “Prohibido el paso, zona de tiro”. En la finca se organizan cacerías, “aunque no de forma frecuente”, confirman desde el Ayuntamiento. Otro letrero advertía hasta hace unos días de que la propiedad actuaría contra el que invada la finca “con todo el respaldo del Código Civil y las Leyes de Protección de la Naturaleza”. El portazo definitivo fue el vallado de una parte del terreno. Un cercado de malla metálica de 1.880 metros de longitud, que ha superado en 300 metros lo autorizado por el municipio.

La indignación primera se transformó en una cascada de demandas. Los vecinos acudieron a la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Boadilla con una denuncia ante el juzgado de Instrucción de Móstoles contra Romanillos, SA y su representante legal por el cierre de caminos. “Los dueños de la finca persisten en su actitud a pesar de las reuniones y contactos que hemos mantenido con ellos”, aclara González Terol. Como prueba aportan documentación del catastro donde consta la titularidad pública de los caminos, que coincide con la extraída del Archivo Histórico del Catastro en 1943. Al mismo tiempo, han abierto dos expedientes administrativos. Los grupos de la oposición municipal también han levantado la voz contra el cierre. “Los llevamos utilizando toda la vida y es increíble lo que está pasando. Animo a los vecinos a que denuncien lo que está ocurriendo”, sostiene Gudelio Oliver, edil de UPyD. El portavoz del PSOE, Pablo Nieto, que es necesario realizar una demarcación completa de los caminos públicos del municipio.

El Ayuntamiento y la Comunidad han abierto expedientes sancionadores
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la que dependen las vías pecuarias de la región, ha puesto en marcha por su parte un expediente sancionador y los grupos políticos del Ayuntamiento de Majadahonda, municipio en el que se sitúa una parte de la finca, aprobaron en el último pleno presentar una propuesta de recuperación de los caminos.

La Asociación Amigos de los Caminos, que ha convocado una manifestación por Romanillos en próximo 12 de mayo junto con Ecologistas en Acción, culpa de la situación a la desidia de los políticos. “Las administraciones públicas, locales y autonómicas tienen que cumplir la legislación vigente, realizando un inventario de sus bienes que incluyan la recuperación y señalización de los caminos y vías públicas. Eso es lo que garantiza que se pueda transitar por ellos”, reclama Jaime Benavides, presidente de la Asociación. Algo que se ha olvidado en la vía pecuaria Cordel Segoviano y en los caminos de Romanillos. “Lo que implica una dejación de funciones y permisión de situaciones de ilegalidad”, concluye.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/28/madrid/1367164245_448087.html