SEVILLA | TORRE PELLI

Zoido no deja lugar a la duda: la licencia es legal y no se revisará

16/02 · 23:14 · María Román

La Torre Pelli. · Autor: Lavado

Más alto y más claro no se puede decir: “La obra (de la Torre Cajasol) es legal, aunque a algunos les guste más o menos”.

Esta es la premisa que defiende el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, que ayer volvió a insistir en que el Ayuntamiento apuesta por buscar el “equilibrio y la coherencia”, con respecto a la problemática surgida en torno al rascacielos, para “salvaguardar los bienes del entorno histórico de la ciudad que tienen la catalogación de Patrimonio de la Humanidad”, pero haciéndolo compatible con la “seguridad jurídica y la concesión de una licencia que fue dada legalmente, aunque a algunos les guste más o menos”, recalcando, además, que “no estamos para revisar los actos”.

Zoido, que cree necesario que todas las administraciones vayan “de la mano” para respaldar el proyecto ante la Unesco, respondió de alguna manera, al defender una vez más la legalidad de las obras y de la licencia de la torre, a todos aquellos que dudan de tal efecto, entre los que se incluyen los miembros de la Plataforma Túmbala, que ayer vieron frustrado su intento por parar la torre y casi agotada la vía judicial, después de recibir la sentencia de TSJA, que desestimó su recurso por no haber sido interpuesto en “tiempo y forma”.

Actitud de bloqueo

“La actitud de Cajasol y el Ayuntamiento es de bloqueo. No permiten que los jueces entren a analizar la legalidad o no de la licencia porque no les interesa”, señala el arquitecto Fernando Mendoza, miembro de Túmbala y principal firmante en el escrito del recurso no admitido por el Alto Tribunal Andaluz.

“Zoido -continúa- ha hecho suyo el argumento de Monteseirín y está poniendo todas las chinas en el camino”.

Invasión de lo público

Además de, previsiblemente, solicitar por vía administrativa que se realice una revisión de la concesión de la licencia, Túmbala ha encontrado un nuevo resquicio para seguir con su batalla: la parcela en la que se está edificando el rascacielos invade dos vías pecuarias y un descansadero “que no están desafectados” y que, aunque están en desuso, siguen siendo legalmente “espacios de dominio público”, por lo que “no se puede edificar sobre ellos”.

Así lo explicó a Viva Sevilla otro de los miembros de Túmbala, Ventura Galera, que indicó que el pasado viernes presentaron un escrito denuncia ante la Fiscalía de Sevilla y ante la Consejería de Medio Ambiente para que investiguen estos hechos.

Se trata del cordel de Gambogaz, la vereda del Alamillo o de la Barqueta y del descansadero de la Cruz de La Cartuja, existentes en el área de reforma interior Puerto Triana (ARI-DT-10), que el PGOU considera ‘desafectables’ (que dejen de ser de uso público). “La Junta, su propietaria, no lo ha hecho”, explicó, por lo que podría existir usurpación de dominio público.
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=214558&i=1&f=0

16/02/2012

Denuncian el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental de la Autovía A-33

por afectar a la integridad de las vías pecuarias

Ecologistas en Acción ha denunciado que las obras de la autovía A-33 Murcia-Jumilla-Font de la Figuera no respetan la integridad de varias vías pecuarias, incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que solicitan la restitución de las zonas de paso

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, por el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) de la Autovía A-33 -Murcia-Jumilla-Font de la Figuera, al no haberse respetado la integridad de varias vías pecuarias. Según la organización ecologista, esta infraestructura, promovida por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, ha afectado a la “Cañada Real de Albacete a Murcia” en el término municipal de Jumilla, a la “Colada del Barranco del Sordo” y al “Cordel del Barranco del Tollo”, en el término municipal de Abarán, según la clasificación de vías pecuarias vigente.
La D.I.A. de dicha obra[1] indica que sobre las vías pecuarias pueden darse impactos significativos, definiendo a la vez, medidas preventivas, protectoras y correctoras de estos. De igual forma dispone, dentro de una serie de medidas que señala como “imprescindibles”, la restitución de caminos, pasos de fauna y vías pecuarias, algo que a juicio de la organización ecologista no se ha cumplido.
La denuncia señala que no se ha garantizado la integridad y continuidad del trazado, contraviniendo así lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Debido a ello, la organización ecologista asegura que esta nueva infraestructura se “ha comido” varios miles de metros cuadrados de superficie de vías pecuarias.
Según el portavoz de la organización ecologista, Héctor Quijada, “dejan sin garantías legales los nuevos tramos habilitados para el paso ya que, lo que por un lado desaparece como suelo público de una vía pecuaria, no se restituye como tal en los nuevos pasos, pudiendo repercutir negativamente a la hora de su uso, tanto en el tránsito ganadero, como en su utilización recreativa, ya sea senderismo o ciclismo.” Además recuerda que, “se han ocupado por la vía de los hechos y el nuevo paso habilitado siempre es más reducido y en peores condiciones que el original, por lo que consideramos necesaria una rectificación”.
[1] -RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del estudio informativo de la «Autovía A-33 Murcia-Jumilla-Font de la Figuera, tramo: Murcia-A-31, provincias de Murcia y Albacete», promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, publicada en el BOE núm. 101 de Viernes 28 abril 2006.

http://www.murcia.com/region/noticias/2012/02/16-denuncian-incumplimiento-declaracion-impacto-ambiental.asp

ECOPOLÍTICA

CASTILLA LA MANCHA | 15.02.2012 | 12:34 CLM-CAMINOS PÚBLICOS

Senderistas, ciclistas, cazadores y ecologistas denuncian el corte de caminos

 

Ciudad Real, 15 feb (EFE).- Colectivos de senderistas, ciclistas, cazadores y ecologistas han manifestado hoy su preocupación por el hecho de que grandes propietarios de fincas cinegéticas, entre otros el empresario Juan Abelló, estén cortando caminos públicos en varios términos municipales de la provincia de Ciudad Real.

Representantes de estos colectivos han criticado el vallado y corte de caminos públicos que desde hace un tiempo se está produciendo en fincas de monte situadas al sur del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, entre Argamasilla de Alba y Alhambra, principalmente.
En un comunicado remitido hoy, han indicado que "este proceso culmina ahora con la intención del terrateniente de extender dichos vallados al término de Argamasilla de Alba, una vez realizados los de Alhambra".
Señalan que la pretensión del propietario de estas fincas es instalar puertas en numerosos caminos públicos, incluidos muchos de ellos en la Ruta del Quijote, como el tramo que comunica el castillo de Peñarroya con el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera.
En opinión de esos colectivos, este proyecto "no tiene justificación alguna desde el punto de vista de la conservación de las fincas ni desde la gestión cinegética de las mismas, toda vez que las especies cinegéticas con presencia en la zona son de caza menor, a excepción del jabalí, que en la práctica no se caza".
Los vallados planteados "resultan claramente inútiles", en su opinión, al igual que los cerramientos de caminos públicos, que carecen de soporte legal.
Con actuaciones como las que denuncian "se privatiza de facto un patrimonio común de todos los ciudadanos como es la red de caminos públicos y vías pecuarias" y se priva a las personas de la posibilidad de su uso, ya sea laboral, deportivo o turístico.
Los colectivos que firman este documento han reclamado a los poderes públicos, y en particular a los ayuntamientos propietarios de los caminos y bajo cuya autoridad se encuentran los territorios afectados, que actúen "con la necesaria rotundidad y diligencia" para evitar la pérdida de este patrimonio, y lo hagan en defensa del interés general.
Asimismo, han instado a los ayuntamientos de estos municipios implicados a realizar un pronunciamiento oficial y firme en contra de este proyecto.
Los representantes de estos colectivos ya han solicitado una reunión urgente con el alcalde de Argamasilla de Alba para tratar este asunto y estudiar las posibles actuaciones que pueden llevarse a cabo.
http://www.efeverde.com/content/view/full/109885